Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras
Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia
Y reparación integral
a las víctimas del conflicto armado interno
Y se dictan otras
disposiciones
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
ARTICULO 801. El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.
ARTICULO 821. Es deber del Estado velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades
públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del
interés común.
Artículo 33.
Participación de la sociedad civil y la empresa privada.2
La presente ley
reconoce que los esfuerzos transicionales que propenden por la materialización
de los derechos de las víctimas, especialmente a la reparación, involucran al
Estado, la sociedad civil y el sector privado. Para el efecto, el Gobierno
Nacional diseñará e implementará programas, planes, proyectos y políticas que
tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y la empresa privada en la
consecución de la reconciliación nacional y la materialización de los derechos
de las víctimas
ARTÍCULO 99.
CONTRATOS PARA EL USO DEL PREDIO RESTITUIDO.2
Cuando existan
proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con
el propósito de desarrollar en forma completa el proyecto, el Magistrado que
conozca del proceso podrá autorizar,
mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los
beneficiarios de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto
productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de dominio del
restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe exenta de
culpa en el proceso.
Cuando no se pruebe
la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto productivo a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido
del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las
vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución.
El Magistrado velará
por la protección de los derechos de las partes y que estos obtengan una
retribución económica adecuada.
Teniendo
un conflicto de intereses particulares y dejando a un lado el interés
común de las personas dado a que se le piensa entregar las tierras a las
personas vinculadas al conflicto, para poder legalizar la tierra y así poner en
marcha uno de los principales retos de Colombia que ha sido volver más productivas y sostenibles
17 millones de hectáreas que conforman los Llanos Orientales, y convertirlas en
una despensa agrícola que contribuya a disminuir el hambre y la pobreza de más
de 24 millones de compatriotas.
Para
superar este desafío, era indispensable hacer una gran inversión en ciencia y
tecnología, que permitiera desarrollar sistemas de producción sostenibles,
ajustados a las condiciones naturales adversas de los Llanos, pero donde existe
un gran potencial para la seguridad alimentaria de Colombia y de América
Latina.
El
Gobierno de Colombia y la Comunidad Internacional, representada en los donantes
del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), hicieron esta
inversión, mediante dos Convenios de Cooperación Técnica y Científica firmados
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el
CIAT:
el 084, de 1993, y el 071, de 1998. A su vez, el Gobierno diseñó una política
de ciencia y tecnología, que fue implementada por el Sistema Nacional de
Investigación Agropecuaria, Hoy, ya se están viendo los resultados de esta
inversión y se abre un futuro esperanzador para el sector privado, sin tener en
cuenta que esta vasta región se considera parte del sistema ecológico del país.
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